Desprivatización
y gestión comunitaria del agua

La alta concentración de los derechos de aprovechamiento de aguas en las manos de unos pocos deja en evidencia la necesidad de desprivatizar las aguas en la nueva Constitución y discutir su gestión comunitaria, más que su nacionalización

Chile es el único país en el mundo que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas en su Constitución. La distribución de aquellos derechos es extremadamente desigual, permitiendo el acaparamiento y sobreexplotación de algunos, y el despojo y escasez de muchos.

La denuncia “No es sequía, es saqueo” que se ha repetido en luchas comunitarias por la recuperación del agua y en la revuelta popular de 2019 y 2020 muestra la necesidad urgente de desinstalar el actual sistema mercantil que rige sobre las aguas por medio de la derogación del actual Código de Aguas y su reconocimiento como Derecho Humano y Bien Común en la nueva Constitución.

El reconocimiento de las aguas como Bien Común

La gestión del agua orientada a la actividad de empresas transnacionales y a los intereses de inversores extranjeros provoca una alta conflictividad en los territorios, porque se privilegian los intereses económicos sobre los humanos y ecológicos. El debate sobre la desprivatización del agua y su reconocimiento como Bien Común no está exento de polémicas dentro de los movimientos sociales. La idea de nacionalizar el agua a través de la gestión estatal centralizada no necesariamente significa un cambio en las prioridades de uso y deja fuera la perspectiva plurinacional y comunitaria.

Actualmente el agua potable y alcantarillado del 90% de los chilenos y chilenas son suministrados por cuatro conglomerados empresariales de tres continentes distintos. Si se decide desprivatizar las aguas en la nueva Constitución, las empresas e inversores extranjeros podrían demandar al Estado chileno y exigir una indemnización por las ganancias perdidas. Por eso resulta fundamental discutir sobre revocar los tratados de libre comercio y de protección a la inversión extranjera que permiten tal acción y establecer relaciones internacionales que respetan la soberanía de los pueblos.

El agua como un Derecho Humano

En 2019 el Movimiento Plurinacional por el Agua y los Territorios, que agrupa a diversas organizaciones de todo el país, realizó más de 60 "Cabildos por el Agua" para analizar las distintas visiones de la gestión comunitaria del agua en diversos territorios. A partir de esos encuentros entre organizaciones sociales, vecinas, vecinos y pueblos originarios se elaboró un decálogo por los derechos de las aguas y su gestión comunitaria.

Entre las propuestas se considera reconocer el agua como un Derecho Humano y un Bien Común inapropiable, declarar el agua y la Naturaleza sujetas de derechos, y establecer como prioridades de uso el equilibrio de los ecosistemas y el consumo humano. Además, se propone que la gestión comunitaria debería ser plurinacional y garantizar su uso ancestral por parte de los pueblos que habitan el país.

Gestión por cuencas hidrográficas

En vista del proceso constituyente, además de sostener la necesidad de derogar el Código de Aguas vigente, las organizaciones que agrupan el Movimiento Plurinacional por el Agua y los Territorios han levantado una propuesta de gestión comunitaria de las aguas, para instaurar otra lógica de “gobernanza” sobre los Bienes Comunes.

Ello implicaría, entre otras cosas, que las y los habitantes de los diferentes territorios se involucren en su gestión por cuencas y subcuencas hidrográficas fortaleciendo la articulación entre pueblos, comunidades y territorios; y el fomento de la agroecología y las economías locales, por sobre la agroexportación, para garantizar la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos.

Los 10 puntos del décalogo del Movimiento Plurinacional por el Agua y los Territorios se pueden ver AQUÍ.

A partir de las propuestas desarrolladas por los movimientos sociales presentamos un cuestionario a las listas independientes a los partidos políticos y grupos financistas, que buscan llegar a la Convención Constitucional, emanadas de organizaciones sociales, asambleas territoriales, coordinadoras y movimientos. A continuación, aparecen las listas que contestaron nuestro cuestionario y respondieron de forma positiva a las siguientes propuestas:

Un Estado Plurinacional y descentralizado que reconozca la autodeterminación de los pueblos que habitan Chile y la autonomía de los territorios

Revocar los tratados de libre comercio existentes y los tratados de protección a la inversión extranjera

La desprivatización de las aguas al considerarlas un bien común

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